Fuente: Diario Financiero
Hace algunos días el economista Enrique Marshall escribió en Diario Financiero sobre las criptomonedas y su relación con la banca, a propósito del cierre (o negativa a la apertura) de las cuentas corrientes a empresas de este nuevo rubro.
Varios de sus argumentos tienen sentido en un contexto de incertidumbre sobre cómo evolucionarán los mercados asociados a la innovación financiera. Sin embargo, lo que este episodio muestra es la urgencia de desarrolllar una regulación específica que, más que autorizar actividades que son desde ya lícitas, adecue la normativa bancaria y equilibre la visión de esta industria con la libertad económica y la libre competencia, tal como lo entendió el TDLC al ordenar la reapertura de dichas cuentas.
El avance es vertiginoso y este cambio es otra de las muchas expresiones de cómo estas tecnologías disruptivas impactan casi todas las actividades. Basta una mirada al mundo desarrollado para constatar que la velocidad con la que ha evolucionado la innovación tecnológica en los servicios financieros es imparable: en los últimos años se han invertido más de US$ 50 mil millones en el mundo en alrededor de 2.500 FinTech.
Esta nueva industria comienza a rediseñar los esquemas de pagos, ahorro, crédito, seguros e inversión, lo que obligará a los actores tradicionales del sector financiero a reinventarse, adaptarse a estas nuevas tecnologías y, por qué no, incorporarlas a sus operaciones. Reino Unido, EEUU y Singapur han desarrollado normas que muestran el camino en este sector. Dado el carácter global de estas actividades y que los nuevos operadores del ecosistema FinTech actúan en diversos mercados y jurisdicciones, es fundamental que los gobiernos aborden estos desafíos con una coordinación regional y global.
En Chile, con nuestros socios de la Alianza del Pacifico (Perú, México y Colombia) acordamos un marco conceptual que contiene los principios y objetivos que debieran orientar un nuevo marco regulatorio para este sector. Entre ellos, que la regulación debe ser desarrollada de forma colaborativa y que fomente la innovación en la prestación de servicios financieros, mejorando y ampliando la oferta.
También la regulación debe mitigar los riesgos que conllevan estas nuevas tecnologías; promover la competencia y competitividad en los mercados financieros, además de una mayor inclusión financiera; debe ser flexible para adaptarse al entorno cambiante; regular actividades y no entidades; y finalmente, buscar la neutralidad tecnológica en la prestación de los servicios o los productos financieros.
Como se ve, el problema de fondo no es abrir o cerrar cuentas bancarias. El verdadero desafío se centra en apreciar si en Chile las empresas tradicionales están abiertas a recibir o coexistir con la innovación tecnológica que está tocando a su puerta. Ya que lo que está en juego, como señaló este diario en su editorial del 16 de enero, es garantizar una efectiva competencia de mercado para empresas y consumidores.
Andrés Rebolledo Smitmans
Economista de la Universidad de Chile y Postgrado en Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Durante más de dos décadas se desempeñó en diversos cargos del sector público, particularmente en Cancillería. En 2009 fue embajador en Uruguay y entre 2014 y 2016 fue jefe de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon). En octubre de 2016 asumió como Ministro de Energía, cargo que ejerció hasta marzo de 2018. También cuenta con experiencia en organismos internacionales, ya que entre 2011 y 2014 fue consultor en el área de Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).